Gobierno protege al almirante Ojeda en caso de corrupción en la Marina

El gobierno de Claudia Sheinbaum lleva más de un año intentando evitar que el almirante Rafael Ojeda, exsecretario de Marina, enfrente investigación por corrupción. El caso gira alrededor del contrabando de combustible que operaban los sobrinos políticos del almirante, Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Pese a las evidencias, no hay acusación formal contra Ojeda, un resultado que requirió coordinación entre la presidencia, la Fiscalía General y el secretario de Marina.

La protección tiene una razón política: Ojeda integra un grupo de personajes cercanos al gobierno anterior que Sheinbaum mantiene blindado. Entre ellos están el senador Adán Augusto López y el gobernador de Sinaloa en licencia, Rubén Rocha Moya. La estrategia es evitar que cualquiera de ellos coopere con investigaciones que podrían incriminar a Andrés Manuel López Obrador y a sus hijos Andy y Gonzalo.

En febrero del año pasado circuló un audio del contralmirante Fernando Guerrero Alcántar dirigido a Ojeda, donde describía la trama del contrabando de combustible en la Marina. El entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, intentó exonerar al almirante diciendo que Ojeda se había presentado en sus oficinas dos años antes para reportar corrupción. El problema: eso significaba que Ojeda conocía los delitos un año antes de fingir sorpresa por la denuncia de Guerrero Alcántar.

La estrategia se desmorona

Guerrero Alcántar ocupaba puestos clave en las aduanas marítimas, donde los sobrinos de Ojeda lo habían colocado. Su último cargo fue director general de Recaudación de Aduanas. Después de reunirse con el secretario de Marina, Pedro Raymundo Morales, en octubre del año pasado, Guerrero Alcántar solicitó vacaciones a Mazatlán y Manzanillo. El 8 de noviembre fue ejecutado en Manzanillo. La Fiscalía General infirió en la causa penal que su muerte guardaba relación con esa reunión, posiblemente porque habló de las denuncias que había formulado sobre la corrupción.

El gobierno buscó contener el crimen en otros mandos de la Marina, principalmente en los sobrinos políticos de Ojeda. Gertz Manero, al salir en defensa del almirante, lo hundió con sus propias palabras.

A finales de septiembre del año pasado, Sheinbaum pidió al secretario de Marina seguir el caso de contrabando de combustible con la Fiscalía General. En ese momento había 45 elementos de Marina judicializados que debían haber sido separados de sus cargos o detenidos. Los resultados bajo la titularidad actual de la Fiscalía General han sido limitados.

El audio que permitió reconstruir la línea de tiempo de inconsistencias llegó públicamente a través de redes sociales, lo que obligó al gobierno a reconocer una investigación que nunca tuvo intención de realizar. La muralla construida para proteger a Ojeda sigue erosionándose, pero el blindaje hacia sus sobrinos políticos permanece intacto.