Tribunal federal decide si revive demanda colectiva por agua contaminada en Puebla

El Tribunal Colegiado de Apelación del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, resolverá este miércoles si revoca una decisión que canceló una acción colectiva presentada por usuarios de agua en Puebla. La jueza federal Gabriela Gutiérrez Dávila había declarado caducada la instancia en marzo de 2026, lo que puso fin al litigio relacionado con el saneamiento de aguas residuales.

Los demandantes aseguran que representan los intereses de cerca de medio millón de usuarios y responsabilizan a Concesiones Integrales, empresa que opera como Agua de Puebla para Todos, de incumplir con obligaciones de tratamiento de aguas residuales. El caso lleva discutiéndose desde enero de 2025, cuando comenzaron los problemas procesales sobre quién representaría a la colectividad.

El nudo del conflicto: un cambio de representante que nadie autorizó

El litigio se complicó cuando René Sánchez Galindo, representante original de la colectividad, renunció el 2 de enero de 2025. La colectividad propuso a Néstor López Espinosa como su sustituto. La jueza Gutiérrez Dávila se negó a reconocer el cambio. Argumentó que la renuncia no estaba expresada de manera clara y pidió la conformidad de los 87 integrantes originales del grupo.

Los demandantes presentaron un recurso de revocación contra esa negativa. Cuestionaron que el Código Federal de Procedimientos Civiles jamás exigiera la firma de todos los miembros originales para cambiar de representante. La jueza admitió el recurso y pidió vista a las contrapartes, entre ellas Concesiones Integrales y el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable del Municipio de Puebla.

Después de que las contrapartes presentaron sus argumentos, correspondía al juzgado resolver el recurso. Pero no lo hizo. Un año después, en marzo de 2026, la jueza declaró caducada la instancia argumentando que no había impulso procesal.

López Espinosa reclama que existe una contradicción: la colectividad estaba esperando una resolución que le correspondia emitir al propio juzgado, pero cuando transcurrió el tiempo sin que llegara, la jueza usó ese silencio como razón para cancelar el procedimiento. Néstor López Espinosa acusa que esa determinación niega a los usuarios el acceso a la justicia.

Lo que está en juego: un río contaminado y una concesionaria cuestionada

Detrás de la batalla procesal existe una disputa mayor sobre el cumplimiento de obligaciones de saneamiento. Los integrantes de la colectividad sostienen que Concesiones Integrales ha incumplido con esas responsabilidades y cuestionan también la actuación del Sistema Operador durante el litigio, a quien acusan de favorecer a la concesionaria. El conflicto ocurre en el contexto de la contaminación de la cuenca del río Atoyac, que ha sido objeto de recomendaciones y litigios nacionales e internacionales.

La resolución del Tribunal Colegiado quedará en manos de la magistrada presidenta Enriqueta Velasco Sánchez, el magistrado Guillermo Francisco Urbina Tanús y el magistrado Alan Malcolm Bravo de Rosas, quien elaborará el proyecto de sentencia.