Demanda por agua contaminada en Puebla podría llegar a la Corte Suprema

Un grupo de usuarios de agua en Puebla está batallando en los juzgados para que Concesiones Integrales, la empresa concesionaria, haga el saneamiento de aguas residuales como debe. La demanda colectiva lleva desde 2021 en el sistema judicial y ahora enfrenta un obstáculo: una jueza declaró el juicio caduco argumentando que no hubo movimientos durante un año.

Néstor López Espinoza, quien representa a los demandantes, afirmó que si un Tribunal Colegiado de Apelación confirma esa decisión, irán más allá. El plan es presentar un amparo, luego una revisión, y finalmente pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso para resolverlo en la instancia más alta.

Qué pasó en los juzgados

La jueza Gabriela Gutiérrez Dávila declaró la caducidad del juicio porque, según ella, durante un año no hubo una acción jurídica por parte de los demandantes. Pero López Espinoza explica que la razón real fue que la jueza se negó a aceptar un cambio de representante legal. René Sánchez Galindo, quien iniciamente representaba a la colectividad, renunció en 2025 por temas personales. Los usuarios nombraron a López Espinoza para que lo sustituyera, pero la jueza bloqueó ese cambio.

Cuando los demandantes impugnaron esa negativa, la jueza nunca resolvió la controversia. Un año después, simplemente determinó que el juicio había caducado por falta de actividad. López Espinoza sostiene que la jueza buscaba cerrar el caso.

Más de 400 mil cuentas están afectadas. Considerando que cada cuenta representa una familia entera, la colectividad alcanzaría 2 millones de personas.

López Espinoza subraya que existe jurisprudencia que considera improcedente declarar caduca una demanda colectiva cuando está en juego la salud de las personas y el medio ambiente. En este caso, el problema es que Concesiones Integrales no realiza el saneamiento de aguas residuales como debe, o lo hace de manera deficiente.

También señaló que la jueza había ordenado una medida cautelar para que la empresa presentara informes sobre sus acciones de saneamiento. Concesiones Integrales cumplió solo parcialmente y después usó argumentos legales para dejar de hacer pública esa información.

Ahora todo depende de lo que resuelva el Tribunal Colegiado de Apelación. Si mantiene la caducidad, el camino sigue hacia la Corte. Si la revoca, la demanda continúa en el juzgado de primera instancia. De cualquier forma, este litigio está lejos de terminar.