Reforma anticorrupción federal busca frenar presión política en fiscalización estatal

A nivel federal avanza una reforma constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción con el objetivo de cambiar cómo funciona la fiscalización de recursos públicos en los estados. La propuesta busca dar autonomía a las fiscalías anticorrupción y a los órganos fiscalizadores estatales, además de fortalecer la Auditoría Superior de la Federación para que quienes la dirijan no dependan de gobernadores ni diputados.

En Tlaxcala, la fiscalización se ha convertido en una herramienta política. Autoridades municipales reportan, de forma confidencial, que reciben presiones para financiar eventos como caminatas, marchas, asambleas y concentraciones que respaldan proyectos políticos. La advertencia va así: si no colaboras, tu cuenta pública no se aprueba.

Tres municipios escapan del sistema

Por esa razón, las autoridades de Contla, Atlangatepec y Huamantla decidieron llevar su cuenta pública ante la Auditoría Superior de Fiscalización a nivel federal. Estos municipios manejan más del 90 por ciento de sus recursos con dinero federal, lo que les da opción de saltarse la revisión estatal.

La exigencia lleva implícita una advertencia que algunos toman como amenaza: si no financias los eventos, la aprobación de tu cuenta pública se convierte en moneda de cambio.

La reforma que impulsa Morena en el Congreso de la Unión busca evitar que el proceso de revisión del gasto público se use con fines políticos o para obtener ganancias. Si se aprueba, quitaría poder a los diputados locales para presionar a municipios a través de la fiscalización.

Esta iniciativa preocupa a los legisladores estatales de Tlaxcala porque terminaría con una práctica que, según reportes, algunos han usado para condicionar la aprobación de cuentas públicas. Con la autonomía de los órganos fiscalizadores, ya no habría intermediarios políticos en el proceso.